Los procesos de estigma y discriminación que afectan a las personas que usan drogas configuran reiteradas situaciones de exclusión en salud.
Representaciones ligadas a la desviación, la peligrosidad, la relación con el delito y la inseguridad ciudadana, reproducidas por los equipos de salud, producen barreras de accesibilidad específicas para
esta población. ¿Es posible identificar componentes que disminuyan la exclusión en salud? ¿Qué experiencias en la región muestran los esfuerzos para reducir las brechas en el acceso a los procesos de atención?
Es bien sabido que las políticas de drogas latinoamericanas durante décadas han sido dictadas e impuestas por EEUU, con foco en la prohibición, la
militarización y la obstaculización de los flujos de tránsito. La criminalización de productores, distribuidores y consumidores, la erradicación de cultivos y las elevadas tasas de fuerzas del orden, continúan
siendo la norma regional. Esta estrategia de “guerra contra las drogas” produce la muerte y el encarcelamiento masivo de jóvenes, mujeres y comunidades LGBTIQ+, la gran mayoría de los cuales viven en las periferias
urbanas, con un claro recorte de clase social y de raza/etnia. ¿Es posible ahondar en una crítica a esta matriz belicista hegemónica? ¿Qué enfoques alternativos surgen a partir de esta crítica?
La pandemia de coronavirus no ha hecho más que profundizar las brechas estructurales e institucionales de América Latina y el Caribe, confirmando
y exponiendo la situación de pobreza y desigualdad de la región. La post pandemia nos encuentra ante un escenario en el que se han agudizado tensiones inherentes a los territorios urbanos; por un lado, se
supone que en las urbes hay un mayor acceso a los múltiples recursos materiales y simbólicos pero, por otro lado, hay una mayor exposición a riesgos entre los que destacan la violencia inherente a las ciudades,
tensión que afecta, fundamentalmente, a los sectores más segregados. ¿Cómo podemos mejorar la comprensión de las relaciones entre violencia urbana, pobreza, exclusión y desigualdades? ¿Qué estrategias más eficaces
podemos identificar para hacer frente a estos desafíos?
Resulta obvio que la política prohibicionista no ha logrado obtener los resultados que se propuso seis décadas atrás. Los problemas
de los cultivos ilícitos, el narcotráfico y el consumo de drogas se han agudizado y sus consecuencias son cada vez más devastadoras para los Estados y para la sociedad. La producción,
distribución, venta y consumo de sustancias no disminuyen al declararlas ilícitas; al contrario prosperan en contextos de ilegalidad y clandestinidad, en los que participan funcionarixs políticxs,
judiciales y agentes policiales, configurando un mercado ilegal que solo busca maximizar las ganancias, sin reparar en los daños potenciales que pueda ocasionar. ¿Qué iniciativas innovadoras se están
discutiendo en la región? ¿Sería conveniente establecer regímenes de regulación especiales por droga de acuerdo con sus daños potenciales?
La participación política de las juventudes en clave de derechos, es necesaria para reducir las brechas sociales, generacionales,
resignificar las nuevas realidades sociales y reconstruir los lazos ante las restricciones impuestas por el COVID-19. El principio de participación es clave como estrategia de política de desarrollo,
porque permite identificar necesidades y prioridades de las y los jóvenes. La participación política requiere fundamentalmente de la posibilidad de ejercer el derecho de asociación, de reunión,
la libertad de expresión y el derecho de acceder a la información. ¿Qué espacios encuentran las y los jóvenes de la región para dar a conocer sus ideas, sus visiones, sus sentires en relación
con las políticas de drogas? Estas políticas, ¿les permiten ejercer o les restringen el ejercicio de su ciudadanía?
Ya no se discute que las políticas de drogas deben abordarse en plena conformidad con los derechos humanos. Este compromiso se reiteró
una vez más con las recomendaciones establecidas en el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 2016. No obstante, es necesario pasar de una mera retórica de
respeto a los derechos humanos a políticas de drogas que respeten verdaderamente esos derechos. ¿Qué violaciones de derechos humanos todavía se cometen en nombre del control de drogas en América
Latina? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que deberían y podrían adelantarse en relación con las políticas de drogas? ¿Qué hacer para integrar efectivamente los derechos humanos en el régimen
internacional de control de drogas y en las políticas nacionales? ¿Cuáles son algunas directrices internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas? Conoceremos algunas experiencias de
implementación de las mismas
Desde hace más de tres décadas, todos los países latinoamericanos han consolidado agencias específicas de gobierno dedicadas
al diseño e implementación de las políticas de drogas. Con énfasis diversos según los momentos y las administraciones, estos organismos lideran las respuestas nacionales, no exentas de
tensiones y contradicciones. ¿Cuáles son los principales desafíos actuales que enfrentan? ¿Cómo se acercan a los principios de una política respetuosa de los derechos humanos,
con perspectiva de género y que genera resultados positivos para el desarrollo sostenible? ¿Dónde se encuentran las actuales ventanas de oportunidad para mejorar las políticas de drogas y sus resultados?
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